Nota:
Este texto, que incorpora unas citas, aparece con
áreas en blanco. Mi paciencia ha llegado
al límite, así que lo publiqué de todas maneras. Al sombrearlo puede leerse el contenido –al menos
yo pude hacerlo. Tómenlo como una
aventura.
LOS CONTRATOS
En los
últimos días han salido a la luz varios contratos otorgados por el Senado de Puerto Rico para
ofrecer servicios de “asesoramiento administrativo”. De ordinario, esto levantaría pocas cejas, pero es la identidad
de los contratados lo que llevó cientos de pares de cejas a hacer movimientos
que pueden llevar a varios a acudir a un cirujano plástico. Se le crean líneas de expresión a cualquiera.
Muchos
nos escandalizamos al saber que el ex alcalde de Toa Baja, Aníbal Vega Borges
obtuvo uno de estos contratos. Como he
dicho antes, resulta en un contrasentido que una persona que ha dejado al municipio
que dirigió por varios años en un descalabro total, vaya ahora a ofrecer
asesoramiento administrativo. Una se
pregunta si va a asesorar sobre cómo no
hacer las cosas, algo así como el ex convicto que va a las escuelas a relatar
sus experiencias para que los estudiantes no sigan su ejemplo.
Y poco a
poco fueron saliendo más contratos, tanto del Senado, como de otras agencias,
algo así como un cucarachero recién descubierto. Salió a relucir el contrato de la Secretaria
de Educación, Julia Keleher. Aquí debo
consignar que no estoy opuesta a los contratos de personas o corporaciones para
ofrecer servicios altamente especializados, que se salgan de la capacidad técnica
de los empleados gubernamentales que cobran un salario por sus funciones. No se trata de oponerse a toda
contratación. Como persona que se ocupó
de la evaluación de contratos en la agencia de la que me jubilé hace un año,
debía evaluar contratos en términos de su corrección.
A menudo
recibía llamadas de personas en altas posiciones para saber el estatus del
contrato de Fulanito o Menganito.
En ocasiones, el contrato ni siquiera había llegado a la
oficina. Ocurría con frecuencia, además,
que lo único que recibía era el nombre de la persona, su seguro social, la
naturaleza de los servicios y la cantidad que se le iba a pagar. Recuerdo muy bien un caso del contrato de un
americano que iba a prestar servicios en el área de tecnología, por el que
empecé a recibir seguimientos continuos.
El contrato ni siquiera describía la naturaleza de los servicios, ni quien
estaría a cargo de revisar las tareas.
Era un contrato de varios cientos de miles, que se renovó varias veces,
por otros varios cientos de miles.
La
persona que me llamaba con insistencia decía que yo no necesitaba más
información, que con el número de horas trabajadas y la cuantía era
suficiente. Pues le tuve que decir que
con el número de horas no era suficiente, que era necesario tener un desglose
de tareas, con itinerario de cumplimiento, porque con sólo el número de horas y
la cuantía la persona podía someter facturas por horas supuestamente trabajadas
y podía pasarse todas esas horas jugando cerito. Es pertinente destacar que la persona que
tanta insistencia tenía ocupaba un alto puesto atendiendo, precisamente asuntos
administrativos bajo la administración de Rosselló padre.
Yo no sé
si esto pasó de moda, pero a mí me educaron bajo el concepto de que un servidor
público está para cuidar los asuntos de la agencia para la cual trabaja, no los
de Fulanito o Menganito; que no importa a qué presión estemos sometidos, nadie
nos puede obligar a ejecutar actos que vayan en contra de los intereses de la
agencia para la cual laboramos. Pues
este individuo estuvo contratado por varios años en la agencia. Era algo así como un científico loco, que
llegaba en bicicleta, todo sudado, con el pelo a la cintura todo alborotado y
en ocasión asistió a una reunión en chancletas y se trasteaba los dedos de los pies mientras
hablaba – Ughhhhhh! Poco me faltó para
desmayarme de un ataque de asco.
Yo no sé
si en verdad sus servicios eran de tal excelencia –no me tocaba a mi evaluar
eso. Como abogada hice lo posible para
que los intereses de la agencia quedaran protegidos, pero creo que lo que se le
pagó no rindió los frutos que debía, particularmente porque todos los manuales
los preparaba en inglés y las personas que los iban a utilizar eran empleados
de primer nivel que no siempre manejaban ese idioma no digo ya con fluidez, sino ni tan siquiera
medianamente bien. Sospecho que quienes
le verificaban las facturas no entendían a cabalidad el trabajo que debía
llevar a cabo, por lo que no le exigían servicios que verdaderamente respondieran a
las necesidades de la agencia.
El caso
de Julia Keleher es algo muy distinto y mucho más complejo. No dudo de la competencia de esta persona –no
tengo los elementos de juicio para evaluarla.
Por lo que leído en la prensa, ella ofrecía servicios al Departamento de
Educación, que es una agencia administración central –es decir no es una
corporación pública, por lo que los fondos debían provenir del fondo
general. Esto no me consta, pero es lo
que presumo. Los servicios los ofrecía
por medio de una corporación; es decir, que el Departamento contrataba con una
corporación, no con ella en su carácter personal. Una vez es designada Secretaria de Educación, el contrato se dejó
sin efecto. Todos pensamos que ella
simplemente pasó a ser empleada del Departamento, pero ahora sabemos que pasó a
ser contratista.
Y aquí la cosa se
complica aún más, porque el contrato no es con el Departamento, sino con una
entidad que se llama Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF),
entidad con personalidad jurídica propia y que se crea en el 2017 como
sucesora, aparentemente de una entidad creada como Junta en el 2015, con
modificaciones en el 2016. Aparenta ser que se le trasfirieron funciones,
fondos y personal del Banco Gubernamental de Fomento. Como he dicho, es un
aspecto legalmente complicado y no me voy a meter en toda una investigación
sobre esto - estoy jubilada y aunque tengo una curiosidad intelectual, no me
voy a meter en eso –al menos por ahora.
Pues
aparenta ser que la Keleher es ahora contratista de esta entidad que es muy
poderosa, con funciones que afectan todas las agencias en sus aspectos
financieros y organizacionales. Según el
contrato, va a asesorar en aspectos del Departamento de Educación y se menciona
que las funciones como Secretaria no están en conflicto con el asesoramiento
que ofrecerá. Una vez sale a la luz el
contrato por la cantidad de $125,000, se forma todo un revuelo. Debo destacar que esa cantidad es hasta junio
de este año. El gobernador justificó el
contrato alegando que ya ella tenía un contrato, así que en efecto se estaba
ahorrando el salario como Secretaria – un dos por uno, como las ofertas de
Walgreen’s – compre uno y lleve uno gratis.
La Directora de la Oficina de Ética Gubernamental indicó que no había
conflicto, porque el contrato no es con el Departamento de Educación. Los maestros se expresaron - criticaron el monto del contrato, indicando
que ella recibiría en un mes lo que algunos maestros cobran en un año.
Aquí
muchos vuelven a caer en el error de enfocarse en la cuantía a pagar y no en
aspectos que pueden ser aún más serios que el de la cuantía. Con los contratos ocurre igual que con los
salarios –muchos se escandalizan con los montos elevados, pero no examinan la complejidad
de las funciones, las responsabilidades y las largas horas invertidas por las
personas contratadas. El contratista,
salvo disposición en contrario, debe cubrir los gastos, incluyendo pago a sus
propios empleados, alquiler de oficina, seguros, en fin todos los costos
relacionados con el sostenimiento de una oficina. En algunos contratos, los gastos se cobran
aparte, pero ese no parece ser el caso del contrato de la Keleher. En ese sentido no es justo comparar lo que
ella va a devengar con el salario del maestro, sin que esto se interprete como
que menosprecio la labor de los maestros, quienes muchas veces invierten de su
propio dinero y tiempo para dedicarse a sus estudiantes.
Lo
importante con respecto a la cuantía es ver cómo va a asegurase AAFAF de que
los servicios que ofrecerá la Keleher se prestan de manera adecuada y cónsona
con los mejores intereses del Departamento de Educación. Dudo mucho que la AAFAF tenga un conocimiento
especializado en el campo de la educación.
Según la página de internet de dicha entidad y cito:
“La AFAAF fue creada con el propósito de actuar como agente fiscal,
asesor financiero y agente informativo del Gobierno de Puerto Rico, sus agencias,
instrumentalidades, subdivisiones, corporaciones públicas y o municipios, para
asistir a tales entidades en confrontar la grave crisis fiscal y emergencia
económica por la que atraviesa Puerto Rico. La AAFAF ha asumido la mayoría de
las responsabilidades de agencia fiscal y asesoría que anteriormente tenía el
Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico.
El 18 de enero de 2017, el Gobernador Ricardo A. Rosselló firmó la Ley
orgánica Núm. 2-2017. La nueva ley enmienda y remplaza algunos artículos de la
ley anterior que creó la AAFAF para incluir, entre otras, la responsabilidad de
renegociar, restructurar y/o llegar a un acuerdo con los acreedores sobre toda
o parte de la deuda pública o cualquier otra deuda emitida de cualquier ente
gubernamental. Además, la AAFAF será el
ente gubernamental encargado de la colaboración, comunicación y cooperación
entre el Gobierno de Puerto Rico y la Junta de Supervisión Fiscal, creada a
tenor con la Puerto Rico Oversight,
Management, and Economic Stability Act, conocida como PROMESA (por sus
siglas en inglés), Pub. L. 114-187.”
En
contraposición al propósito de la AAFAF, agencia que contrata a la Keleher,
está la misión del Departamento de Educación, la cual aparece en la página de
internet de dicha agencia y no me fue fácil encontrar:
Garantizar una educación gratuita y no sectaria, que
desarrolle las actitudes, destrezas y conocimientos de todos los estudiantes
para que los preparen para desempeñarse con éxito en un mercado laboral
globalizado y de manera competente y con creatividad a los retos del mundo
moderno, independientes, aprendices de por vida, respetuosos de la ley y del
ambiente natural, y capaces de contribuir al bienestar común.
Keleher fue nombrada Secretaria
por el gobernador y confirmada por el Senado pese a las objeciones de su
presidente -que nada tenían que ver con el complicado entramado que se creó
para que ella ejecutara esta misión, pero pagada por quien tiene otros
objetivos. No se trata de que los objetivos de una y la misión de otra sean malos o buenos, es
que son bien distintos. Uno va dirigido
a estabilizar finanzas; otro va dirigido a proveer educación. Es como si yo contratara a la persona que me
va a instalar un programa nuevo, altamente sofisticado en la computadora y que
de paso, me editara los textos de los ensayos que voy a difundir. Son mentalidades totalmente distintas –es como
si hablaran idiomas diferentes. Y puedo
hablar con conocimiento de causa. Me
gradué de Humanidades y me casé con un graduado de la Facultad de
Administración Comercial. Luego fui a
trabajar como abogada a una agencia dirigida y dominada por ingenieros. No digo que no nos podamos comunicar, pero no
es nada fácil. Los abogados y los
ingenieros no hablamos el mismo idioma.
Sospecho que lo mismo ocurre con expertos en aspectos fiscales
y los educadores. El enfoque de una agencia va dirigido a recortar gastos; el
otro va dirigido a educar niños, teniendo la sensibilidad de buscar maneras
innovadoras de enseñar, buscando los mejores recursos.
He dicho
muchas veces que ignoramos las lecciones de experiencias pasadas. La Ley núm. 7 de 2009, que declaró un estado
de emergencia, buscaba reducir la nómina gubernamental y lo hizo de forma
supuestamente objetiva, poniendo una fecha de corte a empleados de menos de x
número de años de servicio, sin considerar cómo se afectaban las unidades de
trabajo. Todavía se ven los resultados
de esta medida fundamentada sólo en recortar el presupuesto.
Los
contratos de servicios profesionales en gobierno contienen una cláusula que
dispone que el contratista tiene un deber de lealtad completa a la agencia que
le contrata; en este caso, la AAFAF, no el Departamento de Educación. Ese es un problema medular de este contrato,
así como quién será la persona que pase juicio sobre los servicios de la
Keleher. Eso es más preocupante que el
monto.
Por
supuesto, la cuantía del contrato
levanta ronchas porque como dice el dicho, no es lo mucho, sino lo
seguidito. El ciudadano común está cada
vez más limitado por el aumento en los costos de vida, pero sin un aumento en
su salario. Aparecen miles y hasta
millones para aquéllos que tienen mayor poder adquisitivo; la Junta de Control
Fiscal tiene un presupuesto de 2 millones mensuales y se reúnen nada más ni
nada menos que en el Hotel Conquistador. Según decisión del tribunal, los ex gobernadores
tienen un derecho adquirido a las escoltas que son en realidad alzacolas
glorificados, mientras muchos, incluyéndome a mi, ven reducidas sus pensiones,
que formaban parte del acuerdo contractual al emplearnos en gobierno, sin que
prospere el alegato del derecho adquirido. Ya se habían revelado los contratos
de Vega Borges y otros, cuando la semana pasada salió a relucir que el Senado
otorgó un contrato para brindar asesoramiento administrativo a Glenn Monroig. Tal parece que el Senado tiene un contrato
tipo one size fits all –todo el mundo
asesora administrativamente. Esto fue la gota que colmó la copa.
Yo no
conozco la preparación académica ni la experiencia que pueda hacerle merecedor
de un contrato nada más ni nada menos que con el Senado de Puerto Rico para
asesorar sobre aspectos administrativos.
Lo que conozco de él está relacionado con ser excelente cantautor,
hombre desaliñado, algo ordinario y dado a la falta de circunspección al
hablar. Si es experto en asuntos
administrativos se lo tenía muy bien escondidito, pero el olfato de la mayoría
del país apunta a que no existe tal expertise.
Mi
experiencia de 30 años en gobierno me demostró que el talón de Aquiles de las
agencias es precisamente el aspecto administrativo. La mayoría son dirigidas por profesionales con excelente preparación y en
la mayoría de los casos un deseo genuino de servir. Sin embargo, no se rodean de personas con un
verdadero conocimiento en aspectos administrativos que permitan establecer controles, supervisar
adecuadamente y hacer el mejor uso de los fondos públicos.
El
momento que vivimos exige el mayor de los escrúpulos en la administración de
los fondos públicos. Cada centavo debe resistir el escrutinio que el pueblo
realiza y debe poder justificarse con honestidad, no con argumentos rebuscados
para justificar lo injustificable. A la
Keleher que escoja a cuál amo va a servir, a Vega Borges que busque contratos
que no sean pagados con fondos públicos y a Glenn que se vaya cantando bajito a hacer lo que sabe.
27 de
febrero de 2017
