LA PÁGINA QUE NO PODEMOS PASAR
En agosto
del año pasado escribí a raíz de la efímera estadía de Pedro Pierluisi en la
Fortaleza y la juramentación de Wanda Vázquez, tras el reclamo que hacían
muchos de la necesidad de “pasar la página”.
Decía yo que no podíamos pasar la página –que era necesario, al menos,
marcar la página para ver cómo se desenvolvía el asunto, ya que había muchas
interrogantes en torno a la figura de la gobernadora. Hoy retornamos a la página que muchos dejamos
marcada, porque la crisis de la pandemia del coronavirus se da en medio de una
gran crisis: la crisis en la institución gubernamental.
Hace
muchos años tuve grandes diferencias con una persona –los que me conocen bien
saben quién es y su nombre no es relevante para lo que quiero expresar. Durante
los años que interactuamos enfrentamos varias situaciones difíciles que
pusieron a prueba nuestra relación. A mi
reclamo de atender el asunto, siempre recibía la misma respuesta: estamos en una crisis; cuando esto termine,
bregamos con el asunto. Y las crisis se sucedían una tras otra, hasta que
finalmente deduje que no eran crisis distintas; era una misma crisis
fundamental con diversas ramificaciones.
Lo mismo ocurre en estos momentos en que estamos sumidos en la crisis de
manejar la pandemia del coronavirus. Los
traspiés, las decisiones sin sentido, los contratos –o como prefiere la
gobernadora- las órdenes de compra, se otorgan a compañías sin experiencia a
precios que no guardan proporción con la patética situación de las finanzas
públicas.
Lo que ha
ocurrido recientemente con el otorgamiento del contrato –perdón Wanda, la orden
de compra por $38 millones a una compañía de construcción para la compra de
pruebas de detección del COVID-19, nos trae un leve recuerdo de los contratos
con Whitefish tras el paso del Huracán María. En aquél momento se levantó la
excusa de que nunca antes habíamos lidiado con una situación como esa. Curiosamente, esa misma excusa se utiliza
para esta nueva ramificación de la misma crisis. Cierto es que nunca habíamos
lidiado con un huracán como María, ni con una pandemia de esta magnitud, pero
no es menos cierto que hay unos controles para efectuar compras o suscribir
contratos que debieran funcionar, sin importar la magnitud del problema.
Lo que ha
ocurrido con los contratos u órdenes de compra –escoja usted cómo les quiera
llamar- revela que algo no marcha bien en los organismos de gobierno a cargo de
efectuar compras o contratos en términos de evaluar objetivamente la
conveniencia de adquirir determinados bienes o servicios. Lo que se ha ido develando poco a poco es que
hay unas personas con poca preparación en el campo de contratación
gubernamental –que es distinta a la privada-, pero con mucha influencia y
mollero político que han presionado para que se hagan unas compras de forma
inmediata, amparándose en la necesidad.
No puede
negarse que la adquisición de las pruebas de COVID-19 es un asunto de alta
prioridad, pero no por ello debe actuarse de manera apresurada, sin mucha
consideración a aspectos que tienen consecuencias ulteriores, sobre todo en
nuestra delicada situación económica.
Salir en estampida a comprar pruebas a sobreprecio, pensando sólo en la
inmediatez es como salir a apagar un fuego de grandes proporciones, sin tener
el equipo necesario y peor aún, usando técnicas que pudieran avivar aún más el
fuego en lugar de apagarlo. Lo revelado
hasta ahora con respecto a la compra de las pruebas, es, por lo menos, que
varias personas actuaron de forma impulsiva, sin tener pleno conocimiento de
los controles que debieron activarse al hacer una compra de $38 millones. Por lo más, hay la posibilidad de la
existencia de un esquema de corrupción que está aún por verse.
Luego de
revelado todo lo que podía haber salido mal que en efecto salió mal, sale a relucir
que hay unos personajes que son como esos actores que salen en más de una
serie. Ahí entra el licenciado Juan
Maldonado, anterior director de la Autoridad de Transporte Marítimo, con sus
contactos con otro personaje -un activista del partido en el poder. Supongamos
que como alega el Dr. Rodríguez Quillichini, él no tenía relación alguna con el
Lcdo. Maldonado y que sólo sirvió de mensajero para canalizar la oferta que se
hizo para adquirir las pruebas. No
obstante, el manejo una vez él transmite el mensaje denota que nadie en toda la
cadena que desembocó en el contrato u orden de compra demostró que los controles
que se supone existan estuviesen funcionando.
Aparenta haber demasiada gente sin experiencia pero con mucho poder
moviendo la pesada rueda burocrática para lograr objetivos que bajo el palio de
una emergencia, operan en contra del pueblo a quien se le debe lealtad
absoluta.
Hechas
las denuncias, el Dr. Rodríguez Quillichini reaccionó indignado y solicitó se
pusiera fin a lo que catalogó como chisme.
El secretario de Salud, quien normalmente se muestra ecuánime, se notaba
molesto y aludió a que los profesionales que aceptaron formar parte del grupo
de trabajo habían puesto su reputación al servicio de ayudar a la gobernadora
en su intento de detener el virus. No
recuerdo cuál de ellos fue el que pidió “pasar la página” en torno a este
asunto y concentrarse en combatir el virus.
Al igual que no podíamos pasar la página tras la salida de Pierluisi,
tampoco la podemos pasar ahora. Qué más hubiese querido yo, en plena Semana
Santa, que poder dedicar más pensamientos a cultivar mi paz espiritual, en
lugar de pensar que hay algo que anda muy mal en nuestro gobierno desde hace años
y que much@s han preferido pasar la página.
La
gestión gubernamental no se detiene porque tengamos que lidiar con combatir el
virus. Hay que emitir pagos a empleados,
a jubilados; efectuar compras para otros servicios esenciales, como Policía,
Bomberos. Hay que prestar vigilancia,
operar sistemas de iluminación, bombas para suplir agua, en fin, la operación
gubernamental de día a día no cesa
mientras se lucha contra el
virus. El problema estriba en que por años
el gobierno no ha querido atender unos problemas de fondo, porque ha estado
atendiendo x crisis. Para mí, es una
sola crisis que nace de que se ha ignorado que hay que modificar los requisitos
para reclutar en el gobierno, porque evidentemente se ignoran o no se han
adaptado a las exigencias modernas.
Modificar
las especificaciones de los puestos en gobierno es una tarea que se ha
intentado varias veces pero siempre termina inconclusa porque falta voluntad política
para garantizar que de verdad se honra el principio del mérito que se supone es
piedra angular del servicio público. Se
requiere dar una mirada muy escrutadora al reclutamiento del personal en
general y muy particularmente al de confianza, que es en estos momentos
culpable en gran medida de que haya gente en las agencias con mucho poder y
lealtad al partido, pero poco conocimiento
y experiencia al mando de divisiones clave en las agencias. Ese es el germen de la crisis y mientras no
lo atendamos, seguirán habiendo contratos, perdón, órdenes de compra
escandalosas. Por eso, no podemos pasar
la página.
11 de
abril de 2020
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