Sucio difícil

SUCIO DIFÍCIL

Hace unos días salió a relucir que el Senado de Puerto Rico había contratado al ex alcalde de Toa Baja, Aníbal Vega Borges, para asesorar en aspectos administrativos.  Esto llama la atención porque esta persona administró un municipio con un récord deficitario de proporciones astronómicas, que está siendo investigado por el gobierno federal y cuya crisis económica es tan grande que los empleados municipales no pudieron cobrar su salario de una o dos quincenas.  Antes de que explotara la bomba noticiosa, ya se comentaba el exceso en contratos, entre los cuales está el de otro personaje – el ex alcalde de San Juan, Jorge Santini.  Toa Baja lo tenía entre sus contratos y ahora el Senado también lo contrata.

Poco después de salir a la luz pública la contratación de Vega Borges, la periodista Wilda Rodríguez anunció en su programa radial que rehusaba permanecer en la estación si la gerencia de WIAC reafirmaba la decisión de ofrecer un espacio al ex político y ex convicto Edison Misla Aldarondo, convicto por actos de corrupción gubernamental y actos lascivos contra su hijastra.  Al día siguiente, la gerencia de la estación le notificó a la periodista que ya no estaría en el programa.

Los señalamientos de la periodista se suman a las críticas por la participación como analistas de varios ex convictos en programas radiales o televisivos – Alejo Maldonado, ex coronel de la Policía convicto por pertenecer a una banda criminal dentro de la policía que participó de asesinatos, entre otros delitos; Jorge de Castro Font, ex senador convicto de fraude y extorsión.  Menciona también a Alfredo Herger, quien fue convicto por apuntar con un arma y fue indultado por el ex gobernador.  Herger posiblemente participe de un programa televisivo, pero este es un caso distinto y con el que no estoy de acuerdo con la apreciación de Wilda Rodríguez.

En todos los casos de los ex políticos convictos o señalados por mal manejo contratados, al igual que en el caso de Herger, se ha esgrimido el argumento de que la persona tiene derecho a rehabilitarse o tiene una preparación académica y experiencia que lo cualifica para tener un contrato.  Vamos por partes.

Tomemos en primer lugar, lo planteado por la periodista.  Dice ella y concurro, que resulta peligroso que formadores de la opinión pública, como son los analistas, tengan un foro abierto para difundir sus ideas, pagados por una entidad privada, como lo son las estaciones radiales y televisivas.  Algunos de estos ex convictos -De Castro y Misla- han ripostado que tienen un derecho a la libre expresión.  Cierto es. Una cosa sin embargo, es expresarse libremente y otra es que alguien pague por lo que estos ex convictos dicen en medios tan poderosos como la radio y la televisión. Que una estación sienta que por aumentar su audiencia debe recurrir a contratar con personas que le han fallado al país de una manera tan vil resulta inquietante.  Resulta inquietante, además, que el público tenga una curiosidad tan morbosa que los lleve a querer escuchar lo que estos seres que han cometido crímenes altamente reprochables tengan a bien decir.

Hay que recordar el horrible programa de la Comay, donde un hombre que hasta donde se no ha sido acusado de delito alguno, pero que no me extrañaría los hubiese cometido, se burlaba de figuras públicas y privadas, mientras ventilaba intimidades que muchos querían escuchar sobre otros, pero no querrían se supiese sobre sí mismos.  Y ahí está el gran problema.  Estas personas que han cometido delitos altamente censurables (hay delitos y hay delitos- es como la mentira) ostentaban un alto nivel de poder.  Algunos quisiesen tener el mismo poder que ellos tenían y para ello estarían dispuestos a cometer delitos.  Recuerdo cuando Víctor Fajardo, Secretario de Educación bajo Pedro Rosselló fue convicto.  Escuché a alguien decir que su problema había sido tener el dinero en una caja fuerte en su casa – o sea, que entiende que hay que saber cómo delinquir.  También escuché decir a alguien luego de la victoria de Sila Calderón, refiriéndose a la repartición de puestos clave, que el quería “un pedazo del bizcocho”.  Es decir, que el veía en la victoria del partido de su preferencia no la posibilidad de mejorar el servicio público, sino la posibilidad de obtener una tajada de los beneficios.

El otro aspecto que es esgrimido por los defensores de estas contrataciones es que en el caso de los convictos, tienen derecho a rehabilitarse.  Muy cierto es.  Toda persona que sale a la “libre comunidad” debe tener derecho a encaminar su vida.  De hecho, es requisito que la persona tenga un empleo.  Lo que es censurable es que ese empleo sea en aspectos de opinar sobre los acontecimientos en la vida pública.  Tanto De Castro Font como Misla y Maldonado pueden obtener empleo en otras áreas que no propendan a dar la impresión de que el que viola la confianza del pueblo al final sale airoso y hasta con status de celebridad porque sale en televisión o radio.

El caso de Alfredo Herger me parece distinguible.  El no era servidor público y siempre se había mantenido ligado de un modo u otro al mundo del espectáculo.  Este es el mundo que conoce y no veo censurable que retorne a él, aparte de que su delito me pareció mas bien producto de la inmadurez.   Cierto es que es un managanzón de más de 40 años, pero qué le vamos a hacer, este es un país donde abunda la inmadurez.

En cuanto a los que no fueron convictos, pero han sido señalados, resulta inquietante que se les haya contratado para asesorar sobre aspectos administrativos –precisamente en lo que a todas luces han fallado.  Si usted opera una empresa que desea sea exitosa ¿contrataría a alguien que ha llevado a la quiebra empresas que administraba para que le asesore?  Si usted va a terapia de familia, ¿la recibiría de alguien cuyos hijos se quejan de malos tratos o de alguien que se refiere a su pareja de forma despectiva o se ha divorciado 4 veces? No se trata de su preparación académica ni sus años de experiencia.  Se trata de los resultados obtenidos mientras la persona estuvo administrando. 

Lo que ocurre en estos últimos casos es que las agencias de gobierno se convierten en “refugio” de simpatizantes del partido en el poder o políticos derrotados.  Amparándose en la necesidad de tener asesores y las supuestas credenciales de éstos, se gestionan contratos, no porque la agencia los necesite, sino porque hay que “acomodar” a alguien.  Luego de la victoria de Sila Calderón, el entonces Secretario del DTOP, Ing. José Miguel Izquierdo Encarnación a quien respeto y distingo, me designó Presidenta interina de la AMA, puesto que ocupé por tres semanas y media.  Como a los tres días de haber sido nombrada, me llamó un ayudante suyo y me dijo que el Secretario había solicitado que se dejara sin efecto el contrato que había con un bufete que representaba a la AMA.  Según él, lo había llamado un asesor de Fortaleza y me dijo ¿usted sabe quién es?, a lo que le respondí que no.  Claro está, lo que estaba detrás de la pregunta era la amenaza velada de que se trataba de alguien con mucho poder y sin decirlo, la implicación de que yo saldría perjudicada si no hacía lo que se solicitaba. 

Con firmeza le indiqué que yo no podía dejar sin efecto unos contratos así, sin un análisis y de golpe y porrazo, porque podía haber señalamientos pendientes ante los tribunales, que dejasen a la AMA desprovista de representación.  Como abogada, sé que debe haber una transición ordenada cuando un abogado renuncia a la representación legal, para que el cliente, en este caso la AMA, no se vea afectado. Una determinación como esa debe ser analizada con cautela, no tomarla porque alguien me diga que otro le dijo que lo hiciera.  Mi interlocutor insistía y le dije que le dijera al Secretario que me llamara.  Si eso ocurría,  renunciaba al puesto que sólo ocupaba interinamente en ese momento, pero eso no ocurrió. Imagino que el Secretario ni sabía de esa petición. Estoy segura que ya tenían alguien alineado para darle el contratito; de nuevo, no pensando en los intereses de la agencia, sino en que hay que “darle trabajo a los de nosotros”.  Y nosotros no es el pueblo; es el partido.

En nuestro país hay una terrible costumbre que se inició hace varios años, de confundir el gobierno con el partido.  No es lo mismo ni se escribe igual.  El partido político que resulte vencedor en unas elecciones logró el favor del pueblo para llevar a cabo una labor.  Para lograr eso, se supone utilice los mejores recursos y cumpla con las leyes y reglamentos.  Ahí es donde como diría mi mamá, “la puerca entorcha el rabo”.  Los mejores recursos no siempre lo son.  Muchas veces son el que vendió mas boletos para las fiestas del partido, o el tío de la prima de la vecina o el manganzón desempleado que no consigue empleo por vago, pero que es hijo del comisario de barrio.  En cuanto a contratos, los que tienen influencias buscan la manera de llegar al que tiene el poder –que lo diga Anaudi- para ofrecer servicios a como de lugar, sean éstos necesarios o no.

En un momento como el que vivimos, donde los recursos económicos están tan escasos, se hace aún más imperativo que las personas a cargo de la contratación gubernamental analicen minuciosamente toda decisión que envuelva erogación de fondos.  La primera pregunta debe ser, ¿esto es indispensable?  Solo después de una respuesta en la afirmativa, debe procederse con la segunda pregunta: de dónde se va a pagar? Y la última, ¿quién es la persona más capacitada para ejercer la labor?  Creo que en los casos de Santini y Vega Borges no se cumple con ninguna de las tres.

A los ciudadanos que observamos todo con una mezcla de horror, hastío, coraje y asco, nos toca exigir pulcritud –algo así como buscar sacar el sucio difícil, que sólo se logra con la determinación de arrancar el mal de raíz –venga de “los nuestros” o “de los otros” y lograr que quede un gobierno pulcro, que pueda exhibirse como ropa blanca que se seca al sol, brillante, limpia, admirable.

6 de febrero de 2017